Se terminó la cháchara: la Corte Suprema ordenó tomar medidas urgentes en tanto a la violencia rural

La decisión fue tomada por la Tercera Sala del máximo tribunal.
lunes, 1 de noviembre de 2021 · 12:14

Desde hace años, los conflictos entre el pueblo mapuche y las diversas compañías que buscan instalarse en el sur del país fue incrementándose. A principios de 2019, estos hechos comenzaron a tener repercusión internacional que encontró su auge en octubre de 2019, gracias al estallido social.

Ante la situación de catástrofe y la extensión del estado de emergencia por parte de Sebastián Piñera, la Corte Suprema se vio obligada a ordenar al gobierno a establecer más medidas de protección para que frenen los ataques y la violencia rural.

Fuente: 24horas.cl.

Las 6 resoluciones emitidas por la CS

En conjunto a las resoluciones que involucran a unas 80 víctimas, la Corte Suprema indicó a las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera la necesidad de que “coordine e implemente un plan de protección en contra de la violencia rural” en las regiones de La Araucanía y Biobío.

La resolución fue firmada por las 2 magistradas y el magistrado que conforman la totalidad de la Tercera Sala del máximo tribunal del país: Adelita Inés Ravanales, Angela Vivanco y Sergio Manuel Muñoz.

Fuente: CHV Noticias.

Esto viene a la par de la declaración del estado de emergencia por parte del presidente de la República, una decisión tachada de “tardía” por la población de ambas regiones, ya que la situación se encrudeció y oscureció. No obstante, la decisión de la Corte Suprema busca que se adopten las medidas necesarias para armar un plan de protección “eficiente e integral de la población”.

La violencia, que afecta a los sectores sociales más vulnerables, tiene tres argumentos base: que las acciones por parte del Estado fueron insuficientes y arbitrarias; que las medidas que buscaban prevenir y aminorar las consecuencias “no han sido cumplidas adecuadamente” y que los magistrados reconocieron la situación de violencia rural.

Para el tribunal, el incumplimiento a la hora de hablar de garantizar el orden y la seguridad pública fue sistemático, debido a que “se denuncia que las autoridades recurridas han omitido la adopción de acciones concretas que inhiban la ejecución permanente de hechos de violencia en contra de los recurrentes, en desmedro no solo su integridad física y psicológica, sino también en menoscabo de su derecho de propiedad sobre diversas especies”.

Fuente: CNN Chile.

Esto conllevaría la vulneración de las garantías constitucionales básicas consagradas en la letra de la Carta Magna. El máximo tribunal del país ordenó a las y los integrantes de la gestión gubernamental que enfaticen “la implementación de las diversas medidas de reparación a que se ha hecho referencia (…) con miras a lograr los beneficios tanto espirituales como económicos que se persiguen a través de su puesta en marcha”.

En ningún caso puede perderse de vista la problemática social, económica y espiritual que se genera (…), tanto más si se considera que sus efectos nocivos repercuten de manera transversal en la sociedad, pero indudablemente con mayor fuerza en los grupos más vulnerables

¿La solicitud final? Que se instauren recursos de protección coordinados con las instituciones pertinentes con miras a “evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos”.

Fuente: T13.

Noticia en desarrollo.

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